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José Luis Pizarro, 16 de octubre, 2012
El Ministerio Público formalizará este miércoles a tres ingenieros de la Siderúrgica Huachipato por su responsabilidad en el accidente ocurrido en marzo del año pasado, en el cual murió un trabajador y otro resultó gravemente herido. La decisión de la Fiscalía sigue a un reciente fallo de la Corte Suprema que confirmó la indemnización a la familia de un empleado que falleció en otro fatal accidente en diciembre de 2008.
El 30 de marzo de 2011, en el Departamento Zincalum de la Siderúrgica Huachipato, Luis Sepúlveda Alarcón y Rolando Jara Benavente realizaban el cambio de fusibles en un enrrollador, en el marco de una mantención programada en la línea de producción.
Por motivos que fueron investigados tanto por las seremis del Trabajo y Salud, así como por el Ministerio Público, la máquina sometida a revisión fue activada, aprisionando a los operarios. El trágico saldo del accidente fue la muerte de Sepúlveda, de 60 años, 39 de los cuales se desempeñó en la empresa, mientras que Jara, de 58 años, resultó con lesiones de gravedad en su brazo derecho.
Debido a la negligencia y falta de seguridad detectadas en la unidad Zincalum por los sumarios administrativos realizados por las secretarías regionales ministeriales, las autoridades sancionaron a Huachipato al pago de 30 millones de pesos.
Ahora, y después de 18 meses de diligencias, el fiscal de Talcahuano, Ernesto del Pino, determinó que existen antecedentes que apuntan a las jefaturas de departamentos como responsables de ordenar y encender el enrrollador que era mantenido por los trabajadores víctimas del accidente.
Por eso es que el persecutor solicitó al Juzgado de Garantía porteño fijar una audiencia en la que se formalizará por cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves a los ingenieros Patricio Ponce Martínez, Luis Salgado Ceballos e Irenio Orbenes Reyes.
El tribunal agendó la formalización para este miércoles 17 de octubre.
La decisión de la Fiscalía surge a poco de que el máximo tribunal condenara a Huachipato por su responsabilidad civil en la muerte de uno de los tres trabajadores que perecieron en otro accidente laboral ocurrido en diciembre de 2008.
Por ese hecho, la acerera, además de ser condenada administrativamente a pagar casi 60 millones de pesos en multas, enfrenta otro investigación criminal a cargo del Ministerio Público.
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